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 Trapicheos del PP... o igual no.

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El llobu
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MensajeTema: Trapicheos del PP... o igual no.   Dom Nov 13, 2016 3:16 am

Citación :
Mariano Rajoy busca el apoyo de los nacionalistas vascos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ante la advertencia del PSOE de que no volverán a ceder a sus pretensiones. Sumados los votos de Coalición Canaria y Ciudadanos, además de los del PP, el PNV le daría a Rajoy los 175 síes necesarios para evitar una enmienda a la totalidad de sus cuentas. 
El presidente del Gobierno ha anunciado este sábado que ya ha mantenido algunas conversaciones con representantes de otros partidos con el fin de conseguir apoyos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Rajoy ha informado de esos contactos, de los que no ha dado detalles, en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela, donde ha asistido a la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que además de sus contactos, también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha reunido con dirigentes de otros partidos con el mismo fin y que igualmente lo han hecho ya varios ministros.
Ciudadanos es la primera formación que ha confirmado esos acercamientos desvelados por Rajoy. Según fuentes de este grupo parlamentario, "ha habido contactos informales sin ninguna propuesta concreta sobre la mesa. Esperamos una propuesta que incluya los compromisos aceptados por el Partido Popular".
Fuentes del Gobierno aseguran a eldiario.es que las conversaciones están "en fase embrionaria" y que ni siquiera se ha hablado con todas las formaciones. En el grupo parlamentario socialista aseguran: "Nadie nos ha llamado, pero el PP sabe que presentaremos una enmienda a la totalidad". 
El Partido Popular le bastaría con el apoyo del PNV para que los presupuestos superasen el primer trámite parlamentario y salvasen las enmiendas a la totalidad. Superado ese punto, llegaría el momento de pactar enmienda por enmienda el precio de esos apoyos. 
En el Gobierno todavía no han dado pistas de por dónde irán las cuentas de Rajoy y hay cierta reticencia a ofrecer información hasta tener garantizados los apoyos para sacar los números adelante
En el PNV, mientras tanto, guardan silencio y nadie se pronuncia sobre la posibilidad de ser la llave del desbloqueo presupuestario. La principal batalla política de los nacionalistas vascos es, a día de hoy, convencer al PP para liquidar la diferencia de apreciación en relación al cupo vasco. De conseguirlo, el Gobierno de Vitoria conseguiría la friolera de 1.500 millones de euros que llevan años reclamando a distintos Gobiernos como el de Zapatero o el anterior de Rajoy. 
El diputado Eduardo Madina, en una entrevista en eldiario.es, daba por hecho el apoyo del PNV a los presupuestos y auguraba que los nacionalistas catalanes también estarán en la jugada: "Algún otro partido nacionalista dará noticias en esa dirección. Estoy casi seguro. La gente cree que el presupuesto es una ley orgánica y no lo es. Es una ley ordinaria y solo hacen falta más síes que noes, y con eso sale adelante".

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Tinajas
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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Dom Nov 13, 2016 2:13 pm

Las derechas nacionalistas defienden también las políticas neoliberales y de recortes que hace el gobierno central, en Cataluña, Mas las aplico con más dureza si cabe, alegando que no recibían dinero de los presupuestos, es el problema que aunque existan desconexiones ideológicas en lo territorial, les une lo económico y el dinero es el que manda.
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El llobu
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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Dom Nov 13, 2016 9:25 pm

Citación :
Traca de corrupción en el PP: 10 casos en 120 días
Desde que el gobierno está en funciones la Justicia ha destapado 10 casos de corrupción que afectan a todos los estamentos del partido, desde el Ejecutivo al Congreso pasando por comunidades y ayuntamientos.


El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones cuatro meses, desde que el 20 de diciembre ningún partido haya conseguido investir un presidente. En estos 120 días de desgobierno, el Partido Popular ha sufrido su peor traca de corrupción de toda la legislatura. La Justicia, con la ayuda de la Fiscalía y de la Policía y Guardia Civil, están sacando a la luz casos cuyas implicaciones van desde el propio seno del equipo de Gobierno de Mariano Rajoy hasta diputados nacionales, regionales, alcaldes e incluso la imputación del propio partido por blanqueo de capitales además de por encubrimiento y daños informáticos.

Pocos días después de las elecciones generales, saltaba el primer escándalo de la 'era de desgobierno'. Un diputado nacional del PP, investigado. Se trata de Pedro Gómez de la Serna, a quien la Audiencia Nacional señaló por corrupción a primeros de enero tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Junto a él, otro miembro del PP, Gustavo de Arístegui, en ese momento embajador de España en la India.


A Rajoy le estallaba esta bomba en la cara en el momento que debía iniciar las conversaciones con el resto de partidos para conseguir formar Gobierno. El PP había sido el partido que más votos había obtenido pero no suficientes para perpetuarse en el poder. Anticorrupción había actuado rápido tras recibir una denuncia contra ambos dirigentes del PP. Presentó una querella, recaída ante el juez José de la Mata, y tanto fiscal como instructor acordaron que había que actuar con celeridad dado que se habían filtrado algunas noticias sobre la denuncia y De la Serna y Arístegui podían destruir documentación.

Registros en sus domicilios y oficinas y una imputación por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal por presuntamente cobrar comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero. A pesar de las graves acusaciones, De la Serna se negó a entregar su acta de diputado. Su partido le dio la espalda, en unos momentos electoralmente complicados, pero optó por agarrarse a su aforamiento e incorporarse al Grupo Mixto. De la Serna no está imputado formalmente porque tendrá que ser el Tribunal Supremo el que lo haga, pero De la Mata le ha ofrecido que acuda de manera voluntaria a declarar. Arístegui sí dimitió tras saltar el escándalo.

EN UNA SEMANA, DOS ORGANIZACIONES CRIMINALES 

Siete días después, Rajoy amanecía con otro problema. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lanzaba un operativo para detener a altos cargos de la empresa Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura) y apuntaba directamente a altos cargos del Ministerio de Agricultura como responsables o colaboradores en una trama para favorecer con dinero público a ciertas empresas, como FCC, Acciona o Abengoa. El magistrado, en esta ocasión, también habla de organización criminal.

En tan sólo siete días, la Justicia señalaba dos organizaciones criminales en el seno del PP. Dos días después de que estallara la operación vinculada con Acuamed, el presidente del Gobierno en funciones y presidente de su partido se encontraba con su tercera zancadilla: una juez de Madrid imputaba al partido por destruir los ordenadores de su ex tesorero, Luis Bárcenas, antes de entregárselos al juez que investigaba la 'caja B' de la formación, Pablo Ruz. El propio partido como persona jurídica tendría que ir al Juzgado a dar explicaciones por presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos.

Era la primera vez que el partido era imputado. Suponía un nuevo varapalo para Rajoy, quien tendría que rememorar la investigación que tanto daño hizo al partido, los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', en la que salió a la luz cómo el partido cobraba donaciones de empresarios que el tesorero iba guardando en una caja para, entre otras cosas, sufragar campañas electorales además de ayudar a determinados dirigentes con sobres con dinero.

BARBERÁ SALPICADA Y AGUIRRE DIMITE

Ese 22 de enero era viernes. Rajoy aprovechó el fin de semana para intentar calmar los ánimos, pero al jueves siguiente saltaba su cuarto problema judicial: la “Operación Taula”. La Guardia Civil, junto a la Fiscalía Anticorrupción, y dirigidos por un juez de Valencia, detenía a 24 personas contra la corrupción del PP valenciano. Ya empezaba el 'run run' de un nombre que traería cola: Rita Barberá, senadora, ex alcaldesa de Valencia y dirigente con mucho peso dentro del partido. Esa operación ponía en jaque al PP valenciano, que finalmente quedaba disuelto por los indicios de cobro de mordidas, comisiones ilegales y blanqueo de capitales.


En tan sólo un mes, Rajoy había tenido cuatro casos de corrupción. Pero la Justicia no iba a parar. 11 de febrero, la Guardia Civil registraba la sede del PP de Madrid, entrando directamente en el mismo edificio donde el partido tiene su sede central, en la calle Génova. El juez Eloy Velasco, dentro de la 'Operación Púnica' que llevaba tiempo investigando -y por lo que está en prisión Francisco Granados, número 2 de Esperanza Aguirre durante su época de presidenta de la Comunidad de Madrid- ordenaba el registro. Otro cohecho y blanqueo de capitales para su partido. El magistrado tenía indicios de que el empresario Javier López Madrid habría pagado al PP madrileño.

Esa operación le costó el puesto a Aguirre como presidenta del PP madrileño, después de conseguir salvarse de varios casos de corrupción que implicaban a más de sus estrechos colaboradores, como es el 'caso Gürtel' o la propia Púnica, cuando saltó el octubre de 2014.

EL PP, IMPUTADO POR BLANQUEO

Cinco operaciones de corrupción en un mes y medio y mientras tanto Rajoy no conseguía ningún pacto para llegar a la presidencia. El partido intentaba apagar el fuego de tantos frentes de corrupción abiertos cuando llegó lo que todo el mundo esperaba: el nombre de Rita Barberá implicado el la trama de blanqueo del PP valenciano. Los investigadores detectaron un burdo mecanismo a través del cual el PP blanqueó 62.000 euros. Concejales y trabajadores de la formación ingresaban como donación a la cuenta del partido 1.000 euros y después se les entregaba la misma cantidad en dos billetes de 500 euros, que no podían ingresar en ninguna cuenta bancaria para no dejar rastro.

Barberá fue una de las personas que ingresó el dinero. Este caso llevaba a una nueva imputación del PP como persona jurídica, en este caso por blanqueo. Sin embargo, la senadora ha negado reiteradamente los hechos y se ha negado a abandonar el Senado, lo que ha provocado que tenga que ser el Tribunal Supremo quien asuma su investigación.

Financiación irregular, corrupción, blanqueo o cohecho, el PP en estos meses se había visto salpicado por todos los delitos posibles vinculados al uso fraudulento de fondos públicos y enriquecimiento personal de dirigentes autonómicos, locales y desde los propios ministerios. Hasta el PP como persona jurídica estaba salpicada.

SORIA Y AZNAR, COMO COLOFÓN

Pero faltaba la gota que colmó el vaso: José Manuel Soria. El 11 de abril, Rajoy vio desvanecerse la estabilidad de su gobierno en funciones. Su ministro de Industria había tenido una sociedad 'off shore' en Panamá. Primero lo desmintió, después dudó y más tarde tuvo que asumirlo cuando se le encontró otra en la isla de Jersey. Era el final de Soria, y el debilitamiento de Rajoy en la fase final de las negociaciones entre partidos y en la víspera de una nueva convocatoria de elecciones generales.

Tras el escándalo de Soria, que dos días después detuvieran al alcalde de Granada, de su partido, José Torres Hurtado, por otra trama corrupta, pasó más desapercibido, aunque el edil no se salvó de tener que dimitir.


Pero todavía había más: el preboste del PP, aquel que gobernó durante ocho años España, e imagen de salvador de los males de su partido, era pillado por Hacienda. José María Aznar, multado por la Agencia Tributaria por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos, y por lo que ha tenido que pagar 270.000 euros.

Aznar señala a ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el responsable de la filtración de sus datos fiscales, y mientras este viernes denunciaba ante la Fiscalía General del Estado que sus datos fiscales habían sido aireados a la prensa, el juez Eloy Velasco daba el último rejonazo y preparaba la imputación de un diputado madrileño.

El magistrado remitió a la Asamblea de Madrid un escrito para que informara si el ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, es efectivamente diputado y miembro del equipo de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Es el primer paso para enviar su imputación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por mediar en un contrato amañado a la empresa Cofely, en el marco de la trama Púnica. Resultado final: en cuatro meses, una decena de casos de corrupción que Mariano Rajoy ha tenido que torear.


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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Mar Nov 15, 2016 12:14 am

Citación :
Imputados los exconcejales del PP de Toledo por la supuesta mordida para Cospedal en 2007


Los miembros del Gobierno municipal liderado por el 'popular' José Manuel Molina deberán comparecer ante el juez entre febrero y marzo del 2017.


El titular del juzgado de instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como imputados a los siete miembros del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular que, en el año 2007 y durante el gobierno de José Manuel Molina, aprobaron la concesión del contrato de basuras a la empresa Sufi según una providencia a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es y adelantada por la Cadena Ser.


El documento señala que se debe a un posible caso de delito de prevaricación. En febrero de este año, el juez Florencio Rodríguez pidió toda la documentación referida a dicha concesión, que, según declaró Luis Bárcenas, se obtuvo a cambio de una “mordida” del 3% para el Partido Popular.


El exalcalde José Manuel Molina, el exconcejal de Hacienda y antiguo tesorero regional del PP, Lamberto García Pineda, junto al también exconcejal Fernando Sanz Domínguez deberán declarar el próximo 22 de febrero del año próximo, según afirma la emisora. Por otro lado, también comparecerán como imputados el día 1 de marzo los antiguos ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.


Luis Bárcenas afirmó ante la Audiencia Nacional que el equipo de Gobierno concedió el contrato de basuras de Toledo a Sufi a cambio de 700.000 euros, destinados presuntamente a la campaña de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha. El extesorero del PP aseguró que entregó 200.000 euros a José Ángel Cañas, gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, quien firmó un documento que la Cadena Ser también ha difundido.


El gerente del PP regional llegó a reconocer que la firma de dicho recibí era suya, pero negó haber recibido la suma. Bárcenas, por su parte, llegó a afirmar ante la el juez Pablo Ruz que la “ la única operación irregular que se ha hecho aquí es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha”. Fue Ruz quien inició la investigación del caso, que luego pasaría a manos del Juzgado de Toledo en pieza separada dentro de la investigación sobre una supuesta ‘caja B’ en el PP nacional.

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Realmente es un no parar.

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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Mar Nov 15, 2016 12:21 am

Citación :
El Gobierno de Cifuentes admite el espionaje con fondos públicos a cargos del PP durante el mandato de Aguirre


La actual presidenta regional cambia de criterio y asume que la llamada "gestapillo" espió a colaboradores de Gallardón usando dinero y medios de la Administración.


Ocho años después, un Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que existió espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso y que ha revelado este lunes la Cadena SER.

En dicho documento, de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dan por hecho que entre marzo y mayo de 2008 -cuando Esperanza Aguirre presidía el Gobierno regional- “se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Adminstración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos”. “Esas personas”, continúa el escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid, “desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid”.

Dicha acusación se refiere a los seguimientos de los que fueron objeto por parte de personal de la Administración regional durante el año 2008 Manuel Cobo, que en aquel momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Aquel espionaje que el propio Cobo llegó a bautizar con el nombre de “gestapillo”  tuvo lugar en el contexto de la batalla fratricida que se había destapado en el Partido Popular después de la segunda derrota de Mariano Rajoy contra el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El sector de Aguirre se había conjurado para descabalgar a Rajoy de la presidencia del PP dentro de una operación apadrinada por sus medios de comunicación afines.

El Gobierno de Cifuentes, quien llegó a calificar este caso de “montaje”, rectifica ahora y no solo admite que existieron los seguimientos -el sumario acumula partes que coinciden con la agenda de Cobo de aquellos días- sino que atribuye a sus responsables el delito de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 433 del Código Penal y pide sentar en el banquillo a los seis funcionarios que presuntamente los realizaron. Dos de ellos ocupaban durante aquellos meses de 2008 cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aguirre. Se trata de Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid entonces, y su “persona de confianza, el subdirector general Miguel Castaño Grande”. Ambos, según el escrito de acusación del Gobierno de Cifuentes, “encomendaron u ordenaron la realización de intervenciones o actividades ajenas al desempeño normal de sus respectivos puestos a los subordinados de la referida área administrativa, y que consistieron en tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones”.

La tesis del actual Gobierno de Madrid es que “los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales” que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos “no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados”. Junto a los cargos de seguridad de Aguirre, el Ejecutivo de Cifuentes también acusa a tres guardias civiles y a otro funcionario público, que “cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legísimo uso” de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.

El escrito de acusación de la Comunidad de Madrid no entra a valorar si hubo órdenes políticas de más arriba y señala como máximo responsable de las vigilancias a Gamón, para el que pide la suspensión de empleo y sueldo durante tres años y una multa de 18.000 euros, al aplicarle un agravante ya que “como Director General de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”.

La pena que solicita para el lugarteniente de Gamón es también de tres años de inhabilitación, aunque en este caso el escrito de calificación rebaja la multa a 9.000 euros. Para el resto de acusados las penas son menores. Con este escrito, el caso entra ya en su recta final, después de que la jueza que lo instruye, Carmen Valcárcel, intentase cerrarlo hasta en tres ocasiones y después también de que la Audiencia Provincial forzase la reapertura de la causa otras tantas veces.

La actitud del Gobierno de Cifuentes ante el juzgado choca con lo que han hecho con este caso sus antecesores en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ambos han intentado enterrar el escándalo e incluso el anterior grupo del PP en la Asamblea de Madrid impuso su tesis en una comisión de invetigación y concluyó que el espionaje no existió. Todavía este sábado la propia Aguirre negaba a preguntas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en el programa La Sexta Noche que emite La Sexta que se hubiesen dado esos seguimientos.

“Es una falsedad como un pino. Si ha sucedido, ni yo lo he conocido ni yo lo he aprobado y el que dice lo contrario miente. Nadie ha dicho que hayan existido esos espías”, alegó Aguirre en dicho espacio televisivo. Preguntada sobre si Gamón, que se encargó de su escolta cuando era ministra del Gobierno de Aznar y fichado posteriormente durante su mandato como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid era una persona de su confianza, Aguirre admitió que había trabajado para ella pero volvió a despejar la cuestión: “Desconozco que este señor haya tenido que ver en esto, en las cosas que están sub iudice me gustaría que hablasen los jueces”.

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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Mar Nov 15, 2016 12:26 am

Citación :
La Comunidad de Madrid pagaba la luz de casa de Esperanza Aguirre cuando era presidenta


Ignacio González ordenó que dejarán de abonarse estos recibos


Las facturas eran de una media de entre 200 y 300 euros mensuales


La Comunidad sufragó estos gastos entre finales de 2003 y finales de 2012


La Comunidad de Madrid pagó las facturas de electricidad del domicilio de Esperanza Aguirre entre finales de 2003 y finales de 2012, coincidiendo con su periodo como presidenta regional. La cantidad total, que fue abonada con fondos públicos, se situó entre 21.000 y 32.000 euros.



Así lo asegura Vozpópuli, que señala que su sucesor, Ignacio González, ordenó que se dejaran de pagar estos recibos cuando llegó al cargo. Las facturas, emitidas por la compañía Gas Natural Fenosa, se enviaban al área de Presidencia de la Comunidad de Madrid.


ENTRE 200 Y 300 EUROS MENSUALES


Cuando Aguirre llegó al cargo, el Ejecutivo madrileño decidió que el consumo eléctrico de la vivienda de la presidenta y su familia, situada en el barrio madrileño de Malasaña, sería abonado por la Comunidad. Según las fuentes citadas por Vozpópuli, la vivienda tiene unos 1.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y sótano y un consumo eléctrico de entre 200 y 300 euros al mes.


Esta situación se mantuvo desde finales de 2003 hasta que el equipo de Ignacio González revisó los gastos del Gobierno regional y decidió suprimir estos pagos, entre finales de 2012 y principios de 2013. Fuentes cercanas a Aguirre citadas por Vozpópuli aseguran que lo único que pagó la Comunidad de Madrid fue la luz de la garita de seguridad, ubicada al pasar la entrada de carruajes del palacete donde viven la líder del PP madrileño y su familia.


No obstante, una garita de seguridad no puede contar con factura propia y tiene consumos más bajos. Los 200-300 euros de esta factura se corresponderían con altos consumos en una vivienda grande y completamente equipada.


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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Mar Nov 15, 2016 12:33 am

Citación :
Un juez toledano empapela a toda la cúpula del PP municipal de 2007 por la supuesta mordida de Cospedal

Imputa a los exconcejales del PP por “la posible comisión de un delito de prevaricación”


Se veía venir. ELPLURAL.COM lo advirtió el paso mes de junio, el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007, ha decidido imputar a todos los concejales que participaron en la junta de gobierno del 23 de mayo de 2007, fecha en la que se concedió a la citada empresa la recogida de basuras de la ciudad de Toledo, por “la posible comisión de un delito de prevaricación en virtud de las decisiones adoptadas durante la misma en el Ayuntamiento de Toledo”, recoge la citada providencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

En junio declaró causa compleja

El juez Rodríguez Ruiz ya advirtió el paso mes de junio, cuando decidió calificar la supuesta mordida como causa compleja y prorrogar, por lo tanto, la investigación, que veía claros indicios de posibles delitos, evitando así el archivo automático de la causa, decisión que esperaba como agua de mayo  la hoy ministra de Defensa María Dolores Cospedal y los cinco imputados, tres de ellos pertenecientes al Partido Popular, formación que ha ejercido numerosas presiones para que la investigación de Rodríguez Ruiz no llegara a buen puerto.

Cinco nuevo imputados del PP


Providencia que amplía la imputación a cinco nuevos concejales del PP que se suman a los ya investigados José Manuel Molina y Lamberto García Pineda, alcalde y vicealcalde, respectivamente, del equipo de gobierno de 2007 hoy en la lupa del juez del Juzgado nº 3 de Toledo. Los nuevos investigados son los exconcejales María José Rivas, Fernando Fernández Gaitan, Maripaz Ruiz, Fernando Sanz y Fernando Cirujano.




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MensajeTema: Re: Trapicheos del PP... o igual no.   Mar Nov 15, 2016 12:43 am

Citación :
El líder del PP de Almería concedió licencias a familiares para construir 845 viviendas

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat Ayllón, autorizó obras a primos, sobrinos y cuñados a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige como alcalde desde 1995.

Según publica El País, a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que Amat dirige como alcalde desde 1995, las compañías de los familiares del también líder del PP de Almería recibieron autorizaciones para levantar casas, plazas de garaje y locales entre 2000 y 2008.

El País ha tenido acceso a un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado que forma parte de la investigación del Juzgado número 1 de Roquetas de Mar.

El sobrino del alcalde de Roquetas de Mar, Francisco Javier Amat, es el familiar más beneficiado. El Ayuntamiento otorgó licencias para ejecutar 465 viviendas a empresas relacionadas con él.

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